Jueves 23 de Mayo de 2019 | 15:44
El clima en Azul

 

Abogados

Dos disertaciones en el Colegio de Abogados de Azul

Por infoazuldiario

“En estos últimos años ha habido un gran avance en lo que es el ejercicio de derechos y garantías”

Así lo expresó en una entrevista el Juez Edgardo Salatino que desde Quilmes llegó a Azul el viernes para ofrecer una conferencia de cierre del Curso sobre "Estrategia de litigación para el ejercicio de la defensa penal” que organizó la Comisión de Jóvenes Abogados. El mismo día pero en distinto horario la jueza Alicia Braghini abordó el tema Seguridad Social en otra charla con un marco importante de público también.

Por la tarde del viernes 12 de noviembre tuvieron lugar en la sede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul dos conferencias que reunieron a un número importante de asistentes.
La primera en comenzar estuvo organizada por la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul y fue la conferencia de cierre del Curso sobre “Estrategia de litigación para el ejercicio de la defensa penal” que había dado inicio un mes atrás. La misma estuvo a cargo de Edgardo Salatino Juez del Juzgado en lo Correccional N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes y especialista en varios de los temas abordados en la mencionada propuesta de capacitación que concluyó con éxito ayer.
El Defensor General del Departamento Judicial de Azul Diego Fernández junto con el presidente del Colegio departamental Dr. David Cordeviola fueron los encargados de darle la bienvenida y presentar al Juez Edgardo Salatino, reconocido abogado y juez que ha escrito obras sobre la figura del particular damnificado, la víctima, juicio abreviado y suspensión del proceso penal a prueba, entre otros temas de interés para el estudio del Derecho y el ejercicio de la profesión.
A continuación, y con la organización de la mencionada institución profesional y el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNICEN, se desarrolló otra disertación pero en este caso sobre Seguridad Social y a cargo de la Jueza Dra. Alicia Braghini.
Las palabras de recibimiento estuvieron a cargo del Secretario del Juzgado Federal de este Departamento Judicial Raúl Córdoba y en representación del Colegio profesional el Dr. David Cordeviola.
La disertante invitada Alicia Braghini -Juez Titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nro. 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con una amplia formación y trayectoria en diferentes ámbitos y jerarquías- abarcó un amplio temario del Derecho Previsional como movilidad de haberes previsionales, leyes 18.037 y 24.241, aplicación de los fallos Badaro, Elliff sobre ejecución de sentencia, medidas cautelares, entre otros tópicos ante un público muy interesado y a lo largo de más de dos horas donde también estuvo presente el intercambio y diálogo en base a las distintas experiencias profesionales y puntos de vista.

 

Conferencia y declaraciones del Juez Salatino

Por su parte, la disertación del Juez Edgardo Salatino versó sobre la figura de la víctima como uno de los sujetos del proceso penal. El especialista en la materia comenzó la misma mencionando que históricamente se ha hablado de la víctima como “el marginado del proceso, como un gran ausente, como el enemigo quedando ajeno de la parte procesal. Al imputado también le ha pasado. En los sistemas inquisitivos el imputado ha sido dejado al margen y se han violado cuantas garantías que estén en los pactos internacionales o en la Constitución”, agregó.
Entre otros conceptos, en su conferencia hizo hincapié en que “todos han sido ausentes en épocas anteriores. Con esto no estoy haciendo una crítica acérrima del sistema inquisitivo, que ha tenido sus ventajas, yo soy de la idea de que el sistema que corresponde es el acusatorio que es el que más se acerca a la Constitución, pero durante muchos años no primaron estas concepciones. El gran problema –hago una crítica directamente a los operadores- no es porque el sistema inquisitivo sea malo sino que a los defectos del sistema inquisitivo se le tienen que agregar la mala interpretación y aplicación de las leyes procesales a través del sistema inquisitivo”, opinó el Juez Salatino.
El disertante invitado al término de su exposición ofreció una entrevista a la prensa donde entre otros temas habló de la importancia de la participación y defensa de la víctima o particular damnificado en un proceso penal como también de la asistencia que merece por parte del Estado:

El Curso trató sobre las “Estrategias de litigación para el ejercicio de la defensa penal” ¿Se podría decir que la defensa en juicio es una garantía y derecho esenciales en un Estado de Derecho y que su aplicación actual podría tomarse como parámetro a la hora de evaluar a ese Estado de Derecho?
“Considero que sí, la defensa de esos derechos y el ejercicio de esas garantías es imprescindible en cualquier Estado de Derecho. No sólo por la historia tanto de nuestro país como por la de todos los países del mundo que lamentable y nefastamente son ricas en vulneración de los derechos más que nada retrocediendo en el tiempo, por consiguiente esa lucha por lograr el ejercicio de los derechos y garantías se ha convertido en esencial para cualquier Estado de Derecho que se precie de tal”.

En la charla explicó el conflicto de intereses entre un imputado que busca la libertad a través de sus garantías constitucionales en la defensa y por el otro lado la defensa de la víctima que también tiene sus derechos como tal ¿cómo ve la actitud o situación actual de la Justicia ante esa realidad?
“Lo que creo es que está la adversidad pero de carácter procesal, es decir, en el proceso, en el juicio oral o si quieren en la etapa previa escrita existe una obvia y una lógica adversidad entre imputado y víctima justamente porque defienden intereses contrarios. Lo que no tiene que haber y esto es muy fácil lograrlo es que se colisionen o choquen los derechos de uno y las garantías de otros. Tengamos en cuenta que la ley cuando surgen leyes que en principio son antagónicas se le debe dar –y esto lo ha dicho la Corte- una interpretación armónica y acá debe aplicarse el mismo parámetro: hay que interpretar armónicamente los derechos y las garantías de cada uno. Y yo considero en lo particular que no es tan difícil. Depende de una buena aplicación de las leyes y en gran medida de una voluntad estatal de oír y escuchar a ambos protagonistas”.

¿Cómo evaluaría la situación actual en relación a las garantías constitucionales en cuestión procesal penal? ¿Se podría afirmar la misma refleja en cierta medida el estado actual de la Democracia de la República Argentina?
“Sí, en estos últimos años ha habido un gran avance en lo que es el ejercicio de derechos y garantías pero todavía nos falta un poco para alcanzar el nivel de poder afirmar que sí es un Estado de Garantías. Faltaría un mayor y más pleno ejercicio de lo que es expresamente la defensa en juicio prevista en la Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales, porque no solamente el Poder Judicial tiene a cargo el control de ese ejercicio sino que los órganos administrativos en lo que respecta a su propia competencia también tienen la obligación de velar por ese cumplimiento de los derechos y de las garantías y considero que en la etapa administrativa estamos un poco más atrasados”.

Es autor de varias obras de Derecho Procesal, entre ellas “El querellante particular y el particular damnificado (participación en el juicio abreviado y en la suspensión del proceso penal a prueba)”. ¿Cuál es la importancia y función de los querellantes particulares y los particulares damnificados en un proceso? ¿En qué casos es primordial su participación y de qué forma?
“Al ser uno de los protagonistas del hecho delictivo en este caso quien lo ha sufrido yo creo que su participación es indispensable. En lo que respecta al juicio obviamente su declaración es esencial, es una de las dos personas que conoce qué es lo que realmente ocurrió y en ocasiones es la única persona que sabe realmente qué es lo que pasó, porque si estamos hablando de un imputado que es inocente y no estuvo en el momento del hecho tampoco va a saber. Por eso su participación es imprescindible para establecer la plataforma fáctica más allá de si el hecho por razones jurídicas constituye delito o no.
En mi libro específicamente me he expresado sobre cuál es la participación del particular damnificado y del querellante en la suspensión del proceso a prueba y en el juicio abreviado. La idea central del libro es formular propuestas para que esa participación cumpla un poco mejor y más con las pretensiones que pueda tener según el carácter del proceso resaltando ante todo el derecho a ser oído que tiene la víctima también además del imputado, y que en muchas ocasiones a través de estos institutos no tanto de la suspensión del juicio a prueba sino del juicio abreviado que en su normativa lo ha dejado afuera, y en la suspensión del juicio a prueba solamente se lo ha incluido para aceptar o no la reparación del daño quedando afuera del resto de las cuestiones. Considero que debe ser oída respecto de las demás cuestiones y el juez debe valorar esa opinión”.

¿Y la participación del particular damnificado hoy en día tiene todos los mecanismos necesarios para que se logre, cómo evaluaría ese acceso a la Justicia de la víctima o la relación del particular damnificado con el Sistema Judicial?
“Ha habido también un gran avance sin ninguna duda, los códigos más modernos, tal como los códigos procesales de la Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, Entre Ríos han otorgado hoy una gama de derechos y facultades a la víctima que con un buen ejercicio de los mismos nos acercamos al momento en que llegue el caso en que se pueda dar satisfecha esa pretensión. Está empezando pero todavía considero que le falta lograr ese pleno ejercicio ya que se carece de algunos mecanismos administrativos y otros de fondo en cuanto a poder resolver las muchas problemáticas que tiene la víctima como por ejemplo las secuelas y consecuencias del delito ya que en esos casos requiere de ayuda y contención del propio Estado a través de distintos profesionales y sumado a que el Estado no cuenta todavía con todos los métodos necesarios. En especial está el hecho de que la problemática actualmente es tan amplia y variada que es casi imposible contar con todos los mecanismos y organismos que abarquen toda esa problemática. Aún así se está iniciando también y en especial por las causas que se siguen por los hechos cometidos en la última dictadura militar donde se ha visto que los programas de protección a las víctimas han funcionado por lo menos en muchos de los casos”.

Ha participado en las investigaciones penales de causas judiciales sobre crímenes de lesa humanidad ¿Cómo fue su participación en ellos?
“Era el secretario de la Secretaría especial del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 3 que tenía la mayor parte de las causas de lo que se llamo Circuito Camps que incluía crímenes cometidos en varios centros clandestinos en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar. Estuve trabajando durante seis años en ese Juzgado que tuvo a su cargo la investigación de varios delitos. Se ha logrado avanzar mucho, pero estas causas tienen una problemática muy particular en todos los aspectos. Voy a resaltar el que hace a la cuestión del tiempo ya que han pasado más de treinta años. Y por consiguiente en lo que hace a la prueba queda solamente la testifical, o sea prácticamente no hay prueba documental ni ningún otro medio y aún así la prueba testifical tiene fallas porque los testigos están declarando sobre hechos que ocurrieron hace más de tres décadas y a veces Lógicamente la memoria falla y los recuerdos no son tan exactos, sumado a que no se le puede pedir una precisión al testigo de hechos tan lejanos en el tiempo. Agrego que son hechos tan complejos que resulta difícil obtener la verdadera prueba de cargo. En la provincia de Buenos Aires era una forma de obrar el hecho de impedir que las víctimas vieran lo que sucedía por consiguiente se dificulta mucho lograr la determinación de los autores de los hechos ya que las víctimas eran obligadas a estar como decía ellos ‘tabicadas’ durante todo el tiempo de su detención ilegal. Ello implica un obstáculo importante que ha influido también en la dificultad de avanzar con estas causas, aunque hay que tener muy presente que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y por lo tanto la tramitación debe continuar. Un país que no resuelve su historia no puede avanzar correctamente”.

Y justamente fue fundamental la participación de los particulares damnificados o víctimas del terrorismo de Estado en los procesos con ofrecimientos de pruebas, documentos, testigos, testimonios, en el control del curso de esos procesos, pidiendo información pública y difundiendo las mismas con ayuda y respaldo de los organismos de Derechos Humanos…
“Acá los querellantes son esenciales por dos razones: primero porque representan a las víctimas que son realmente los protagonistas de esta nefasta etapa del país, y segundo es que fueron los organismos de Derechos Humanos los principales impulsores de comenzar a investigar qué es lo que había ocurrido y en este caso como querellantes de víctimas colectivas y los que dieron el puntapié inicial para que se logre el Juicio a las Juntas que ahora continúa con logros importantísimos para el bien del país que para salir adelante necesita conocer la verdad, es decir, su propia historia”.

¿Cuál es su punto de vista en relación a la creación del servicio de ofrecimiento por parte de los colegios de abogados profesionales y el Ministerio de Justicia de abogados gratuitos para las víctimas de delitos que no poseen recursos para afrontar los costos de contratar a abogados querellantes? ¿Cómo debería funcionar según su criterio y experiencia?
“Estoy plenamente de acuerdo, es un gran paso hacia la búsqueda de la igualdad y equidad en nuestra sociedad. Si estamos hablando de que tenemos como protagonistas procesales al imputado y a la víctima, si el imputado tiene el derecho de contar con un defensor oficial no veo porqué la víctima no pueda también contar con un abogado que gratuitamente pueda patrocinar y orientar jurídicamente sus intereses teniendo en cuenta que la víctima al no ser abogado desconoce los procedimientos y razones legales”.

 

Publicación: 15/11/2010 a las 02:39 - Última actualización: 15/11/2010 a las 02:42

 

Imágenes

Ranking de noticias

Encuesta

Conoce la actividad política de María Soledad Dibetto Gil?

 

Para comunicarse con nosotros: redaccion@infoazuldiario.com.ar - © Copyright 2003-2009 InfoAzulDiario - Todos los derechos reservados.

Diseño: MCF Estudios