La APDH repudió declaraciones de los curas negacionistas Aguer y Olivera

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina repudió hoy las declaraciones públicas realizadas recientemente por el Obispo emérito de la Iglesia Católica Héctor Aguer y por el Obispo Castrense Santiago Olivera, ambas en un sentido contrario a las luchas de nuestro país por memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de la última dictadura cívico, eclesiástica y militar.
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La APDH repudió declaraciones de los curas negacionistas Aguer y Olivera

En este sentido, la APDH se sumó al pronunciamiento de medio centenar de Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA), donde repudiaron las declaraciones del Obispo emérito de la Iglesia Católica Héctor Aguer, quien hizo una nueva reivindicación pública del Terrorismo de Estado con manifestaciones negacionistas del genocidio y críticas absurdas a las reparaciones a las víctimas de los crímenes cometidos por la dictadura en el programa «Claves para un mundo mejor» en Canal 9 el sábado 26 de junio de 2021.

No es ocioso recordar que el 25/05/2016 Aguer dijo que “la política de memoria, verdad y justicia” es decir, el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico, eclesiástica y militar, es la manera como se denomina “pomposamente al rencor y a la venganza”, y pidió “paz, olvido, borrón y cuenta nueva”, promoviendo groseramente la impunidad.

Estas manifestaciones se suman a las hechas por el Obispo Castrense Santiago Olivera mediante una carta pastoral que, lejos de pedir a los genocidas procesados que rompan su pacto mafioso de silencio sobre los cuerpos de las y los desaparecidos y las niñas y niños apropiados, reclamó prisiones domiciliarias para estos criminales.

Además de la antiética y vergonzosa conducta de estos prelados, señalamos que, gracias a la ley 21.540 del genocida Jorge Rafael Videla, Héctor Aguer goza de una asignación mensual vitalicia equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración fijada al cargo de Presidente de la Nación.

Por su parte, el Obispo Castrense Santiago Olivera, en el marco del Decreto 12958/57, artículo 9, del dictador y asesino Pedro Eugenio Aramburu (que establece que los gastos del Vicariato Castrense son a cuenta de Rentas Generales) cobra la asignación de un Subsecretario de Estado (Decreto n.º 1191/2002).

Se advierte de este modo que, con fondos del erario público, se sostiene económicamente a propagandistas que intentan influir en la administración de justicia.

Reclamamos urgentemente sanciones a los cómplices y a los apologetas del terrorismo de Estado e inmediata separación de la Iglesia Católica del Estado. Invitamos a las organizaciones sociales e instituciones a expresar su repudio a las declaraciones de Aguer y Olivera.

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