La suma -fijada inicialmente en $1.000- afecta a los afiliados de todas las obras sociales y socios de prepagas cada vez que accedan a una consulta y práctica médica en el territorio bonaerense, con aquellos profesionales que decidan aplicarla. Se trata de un cobro ilegítimo sin ningún sustento legal que el Colegio de Médicos atribuye a la situación económica actual, la cual elevaría los gastos de mantención de la estructura en la que se brinda el servicio de salud. Esta ausencia de sustento legal, significa que el decreto ley que regula la actuación de los Colegios de Médicos no cuenta con atribuciones para fijar sumas en estos conceptos. Más aun, si esas sumas no se corresponden con la realidad de lo que dicen costear. Sin desconocer la problemática del contexto actual, es necesario destacar que las dificultades económicas afligen a toda la sociedad y no es atribución de ninguna entidad particular asumir resoluciones sectoriales que afecten los derechos individuales y colectivos que, además, vayan por fuera de la normativa legal. Al respecto, debemos recordar alguna de las enseñanzas de la pandemia por Covid19, que la salud es un derecho que se ejerce de forma colectiva. No resulta posible atender a un sector de la sociedad que puede cubrir esos gastos y al resto no. No se trata de una medida menor, se pone en riesgo el derecho a la salud de los trabajadores, trabajadoras, jubiladas y jubilados de la Provincia, quienes una vez más terminan siendo la primera variable de ajuste y quienes pagan los costos de la crisis cuando los números no cierran. Asimismo, el módulo abusivo que el Colegio Médico determinó en forma unilateral perjudicará directamente a las obras sociales y prepagas y coadyuva a que la sobrecarga del sistema de salud estatal. En particular, se encuentran especialmente afectados los y las jubiladas de nuestra ciudad, región y provincia, junto con quienes se encuentran transitando tratamientos médicos. Además, claro, del particular problema que produce esta medida con el sistema de salud en su conjunto, despojando a grandes mayorías de la posibilidad de atenderse por profesionales en sus consultorios, migrando esa atención al sistema público que, pese a los recientes refuerzos producto de la pandemia, se vería indefectiblemente colapsado. De tal manera, esta medida recae especialmente en los sectores históricamente vulnerados de nuestra sociedad y, por ello, no puede ser sostenida como legítima. En este marco, rechazamos la medida adoptada por dicha institución y solicitamos a los Colegios de Médicos, y a las autoridades municipales, provinciales y nacionales que efectivamente den cuenta de la ilegalidad de la resolución en cuestión y reestablezcan inmediatamente el estado de situación previo, bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas, civiles, penales y políticas que correspondan. Así las cosas, corresponde recordar que en el marco de las actividades profesionales -como servicios- los conceptos que se cobren por fuera de convenio y sin emisión de factura alguna, deben ser denunciados administrativamente y podrán ser pasibles de sanciones. Por eso vale rescatar las palabras del médico sanitarista Ramón Carrillo: “El Estado no puede quedar indiferente ante el proceso económico, porque entonces no habrá posibilidad de justicia social, y tampoco puede quedar indiferente ante los problemas de la salud de un pueblo, porque un pueblo de enfermos no es ni puede ser un pueblo digno”.