El juez federal Ariel Lijo recibió, a mitad de esta semana, el último informe que esperaba previo a definir si procesa o no a los imputados. El documento confirmaría que el Gobierno de Cambiemos intentó favorecer a la empresa postal del Grupo Macri.

La Cámara en lo Comercial dispuso que continúe la intervención judicial en Correo Argentino SA establecida por la jueza Marta Cirulli en marzo de 2020, cuando para evitar "potenciales perjuicios a acreedores" ordenó el "desplazamiento total" de sus directivos, por lo que se sumó otra disposición adversa para el Grupo Macri en una causa sensible, con montos siderales en juego, y en la que el expresidente pretende evitar la quiebra y pagar un monto menor que la deuda reconocida.